Proyecto de Ley sobre Educación Superior: Un BILLÓN Y MEDIO de pesos en disputa

Proyecto de Ley sobre Educación Superior: Un BILLÓN Y MEDIO de pesos en disputa

 Proyecto de Ley sobre Educación Superior: Un BILLÓN Y MEDIO de pesos en disputa

 Viernes 1 de julio de 2016

 

El Gobierno por fin anunció el envío del proyecto de ley de educación superior. Solo el 2015, el Estado aportó más de un billón y medio de pesos ($1.543.751.523.000) al sistema de educación superior.

 

Después de nueve postergaciones, el Gobierno por fin anunció el envío del proyecto de ley de educación superior, para el próximo lunes.

¿Cuál es la importancia del tema? La inmensa cantidad de recursos que maneja hoy en día el sistema de educación superior, y en el cual el Estado, juega un rol determinante. Para dar una idea de las magnitudes de los recursos en disputa, cabe señalar que solo en el 2015, el Estado aportó más de un billón y medio de pesos ($1.543.751.523.000) al sistema de educación superior en su conjunto (público y privado), principalmente a través de dos vías: a) becas y créditos a los estudiantes y b) financiamiento directo a las instituciones (aporte basal).

De estos montos, durante el 2015, las universidades privadas que no forman parte del CRUCH, percibieron el 24,7% de los recursos, los Institutos Profesionales el 10,8% y los Centros de Formación Técnica, el 4,3%. En resumen, casi el 40% de los recursos públicos fueron percibidos por la educación superior privada.

Y es este hecho el que irrita especialmente a las actuales universidades estatales. Por eso, la encendida reacción del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quién una vez conocida la minuta del proyecto que se enviará al Congreso, lo calificó de “paupérrimo” y que, además, “no hay ninguna preocupación por recuperar la responsabilidad del Estado”.

Lo anterior, porque al parecer (aún no se conoce el texto completo del proyecto), el texto que se ingresará el próximo lunes al Congreso, no contendría cambios sustanciales en la repartición de los fondos públicos para la educación superior.

Vivaldi señaló al respecto que “Si uno lee este proyecto no hay ninguna preocupación por recuperar la responsabilidad del Estado, el Estado sigue siendo un espectador neutro. En Chile lo que hay, es un sistema universitario de mercado financiado por el Estado, eso yo creo que no existe en ninguna parte del mundo”.

“Aquí tú tienes privados que reciben el dinero del Estado por cumplir una función y eso no está tocado en absoluto. El sistema de un mercado financiado con fondos públicos se mantiene incólume y a nosotros nos parece de la mayor gravedad”.

Es decir, son ese 40% de recursos que el Estado destina para la educación superior y que van a parar a los planteles privados, lo que constituye el eje del debate.

Es por eso que el Consorcio de Universidades del Estado de Chile también sacó una declaración en abierto respaldo a los señalado por el rector Vivaldi, señalando que: “este proyecto busca consolidar la mercantilización del sistema de Educación Superior. De aprobarse, se reafirmaría un modelo, existente sólo en Chile, basado en el financiamiento con fondos estatales del mercado universitario privado. Esta consolidación haría imposible la reconstrucción de un sistema público de Educación Superior en nuestro país”.

Por otra parte, las Universidades privadas también se han manifestado contrarias al proyecto, pero en su caso, por la obligación (al recibir fondos estatales) a someterse a una serie de requisitos, entre ellos, la “regulación de aranceles”.

Al respecto, varios rectores de universidades privadas han señalado que una medida como esta produciría un déficit enorme en sus establecimientos y que atentaría directamente contra la calidad de la enseñanza, incentivando, además, a que algunas universidades privadas dejen de recibir alumnos con becas y créditos fiscales, pues sería la única forma de evitar que les impongan los aranceles regulados por ley, lo cual aumentaría aún más la segregación del sistema universitario, cuando lo que se intenta es precisamente lo contrario.

Por último, reclaman los representantes de las Universidades privadas que: “No es aceptable, en términos generales, las funciones y atribuciones que el proyecto asigna a los distintos entes rectores, pues convierten al sistema de educación superior en un sistema altamente controlado por el Estado, al punto que atenta contra principios fundamentales de la vida universitaria y su indispensable autonomía académica, administrativa y financiera y la diversidad de los proyectos educacionales”.

Así las cosas, las acusaciones cruzadas de querer privatizar la educación superior por un lado y de querer estatizarla por el otro, será convertirá en un verdadero choque de trenes en el Congreso, pues es definitiva, lo que realmente está en disputa, es quien se queda con el billón y medio de pesos ($1.543.751.523.000), o al menos, como este se reparte.

EL MURO

Foto: Agencia Uno

 

En: elmuro.cl

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