Denuncia internacional ante los procesos de criminalización de defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala

Denuncia internacional ante los procesos de criminalización de defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala

 

marcha sanjuan capital

Desde la cooperación y la solidaridad internacional queremos hacer llegar a la opinión pública, así como a las autoridades e instituciones de Guatemala y a las internacionales, nuestra preocupación y denuncia ante los procesos de criminalización que se operan en estos últimos años contra los defensores y defensoras de derechos humanos en ese país.

La oposición continua y argumentada de, principalmente, los pueblos indígenas de Guatemala contra la intromisión y avasallamiento, así como el posterior expolio, de los territorios de estos pueblos en todo el país, por parte de las transnacionales, está en el origen de estos procesos de criminalización.

Los sucesivos gobiernos de Guatemala han abierto el país a dichas transnacionales, irrespetando, entre otros, el derecho a la consulta y al libre consentimiento informado previo, reconocidos por instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La legítima protesta de las comunidades y el cuestionamiento de éstas al modelo de desarrollo destructivo de los territorios que estas instancias traen consigo e imponen, han sido respondidos por el estado guatemalteco con la represión directa. Ésta ha ocasionado en distintos casos muertes, heridos y amedrentamiento contra la población.

Un nivel más de estos procesos de criminalización, como respuesta de la población, ha supuesto la persecución y encarcelamiento de decenas de autoridades tradicionales, en un claro acto más de persecución política. Líderes como Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, a punto ya de cumplir un año en prisión preventiva.

La profundización de este marco de criminalización dio un nuevo paso el pasado año 2015, con el caso de Francisca Gómez. Columnista y académica, escribió un artículo de opinión sobre la actuación de una empresa cementera, origen de un largo conflicto y represión en Guatemala. Inmediatamente se encontró con una acusación de la empresa, inicialmente aceptada por la justicia y que posteriormente la Corte Suprema de Justicia anuló. Era el primer caso de evidente ataque al derecho a la libertad de expresión.

Hoy denunciamos un nuevo caso en este proceso de criminalización, en esta ocasión contra Daniel Pascual Hernández, Coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC). Es un claro ejemplo más de intento de amedrentamiento y persecución a la libertad de expresión individual, pero también, en suma, al trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala.

Este 22 de febrero, Daniel Pascual se ha visto ligado a proceso por los delitos de calumnia e injuria ante la denuncia presentada por el presidente de la Fundación contra el Terrorismo.  Curiosamente, el querellante denunció en 2013 a Daniel por unas declaraciones realizadas por éste después de haber sufrido un atentado que, a su vez, había sido instigado por afirmaciones de dicho querellante que acusaban a Daniel de responsable de la conflictividad social.

Hoy, quien sufrió el atentado se ve, además, sometido a proceso judicial. Y esto es una evidencia más de que, tal y como denuncian las organizaciones sociales e indígenas en Guatemala, la justicia no es igual para todos, así como de que los indígenas en Guatemala son siempre considerados sospechosos y la presunción de inocencia no se aplica por igual.
Igualmente, de acuerdo con las mencionadas organizaciones guatemaltecas, ligar a proceso a Daniel Pascual en este caso implica un ataque a la libertad de expresión, reconocido en el Artículo 35 de la Constitución de Guatemala, así como al ejercicio de derechos y libertades de los defensores y defensoras de derechos humanos en este país centroamericano. Como apuntan, el mensaje que ahora se refuerza desde la llamada justicia guatemalteca es que “mientras el denunciante es libre de desarrollar en medios escritos, radiales y sociales un discurso del odio con el llamado hacia la violencia; los defensores y defensoras de derechos humanos no tienen libertad ni de denunciar la violencia y los efectos producidos por el discurso hacia ellos”.

Por todo ello, nos sumamos al llamado y denuncia de múltiples instancias y organizaciones sociales e indígenas de Guatemala para que:

  • Sea anulada la persecución contra Daniel Pascual en concreto y contra las autoridades tradicionales y todo defensor o defensora de los derechos humanos en general.
  • De seguir adelante el proceso en su contra, éste reúna todas las condiciones de objetividad y justicia plena.
  • La Procuraduría de Derechos Humanos realice un seguimiento escrupuloso de este caso y se pronuncie sobre la violación del derecho de expresión de Daniel Pascual.
  • El gobierno de Guatemala cumpla con sus compromisos y responsabilidades internacionales en el marco de los instrumentos de derechos humanos y desarrolle con urgencia una política pública de protección a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Por último, aprovechamos este caso para poner en evidencia una vez más las continuas violaciones a los derechos humanos que se perpetran contra los pueblos indígenas y sus autoridades y liderazgos en Guatemala. Y demandamos el fin de los procesos de criminalización contra éstos y el pleno respeto de sus derechos individuales y colectivos.
Firman y respaldan este comunicado:

Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas – CODPI; Mugarik Gabe; Almáciga; alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas; Associació Perifèries; Paz con Dignidad; Revista Pueblos; Observatorio de Empresas en América Latina – OMAL; Askapena; Bizilur; Haurralde Fundazioa; Fundación Mundubat; Veterinarios sin Fronteras Justicia Alimentaria Global; Bakerako Lankidetza Batzarrea/Asamblea de Cooperación por la Paz; CEAR-Euskadi; Paz y Solidaridad – Euskadi; SODePAZ; Adeco (Euskadi-Rioja); Mundu Bakean; KCD; ELAN-Euskadi; CIC-Batá; Plataforma de Solidaridad con Guatemala (Barcelona); SUDS; Sodepau País Valencià; Activos/as por un Mundo Solidario – AMS; ELA Sindikatua; LAB Sindikatua; Steilas Sindikatua; ESK Sindikatua; EHNE-Bizkaia Sindikatua; Intersindical Valenciana; IPES Elkartea, de Navarra; Dingua.

Diana Urrea. Parlamentaria EH-Bildu. Parlamento Vasco.
Antón Gómez-Reino Varela. Diputado en el Congreso español por En Marea (Galiza).
Quim Arrufat Ibáñez. Exdiputado de la Candidatura d’Unitat Popular – CUP del Parlamento de Catalunya.
Unai Aranguren. Miembro de la Ejecutiva del sindicato agrario vasco EHNE-Bizkaia.
Nestor Salvador Galindo. Coordinador Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores – SAT.
Ana Martinez Serrano. Responsable de la Secretaría Nacional de Mujeres del Sindicato Andaluz de Trabajadores – SAT.
Curro Moreno – Responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores – SAT – Jaén.
Javier García Fernández. Sindicato Andaluz de Trabajadores – SAT. Centro de Estudios Sociales Universidad de Coimbra.
Boaventura Monjane – Activista y periodista de Mozambique. Dirigente de Vía Campesina África.
Victoria Aldunate Morales. Organización Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes. Chile.
Andrés Figueroa Cornejo. Periodista y Profesor de Marketing y Comercialización. Universidad de Santiago de Chile.
Alexis Ponce. Defensor de Derechos Humanos ecuatoriano, integrante del Colectivo Mujeres Contando en voz alta.
Alexander Ugalde. Profesor de Relaciones Internacionales; Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU.
Juan Hernández Zubizarreta Profesor de Derecho; UPV/EHU.
Zesar Matínez. Profesor de Sociología; UPV/EHU.
Daniel Cubilledo. Investigador pre-doctoral en Estudios Internacionales; UPV/EHU.
Iratxe Perea Ozerin. Profesora de Derecho Internacional; UPV/EHU.
Silvia Piris Lekuona. Investigadora en Cooperación, Género y Desarrollo.
Asier Blas Mendoza. Profesor de Ciencia Política; UPV/EHU.
Minerva Campion Canelas. Doctora en Relaciones Internacionales; UPV/EHU.
Jokin Alberdi Bidaguren. Profesor de Derecho Constitucional; UPV/EHU.
Espe Etxeandia. Auxiliar de Administración de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la UPV/EHU.
Fito Rodriguez. Escritor y profesor de Ciencias de la Comunicación; UPV/EHU.
Eider Gamboa. Departamento de Teoría e Historia de la Educación; UPV/EHU.
Luis Miguel Uharte. Profesor de Antropología Social; UPV/EHU.
Unai Vazquez Puente. Profesor-investigador predoctoral de la UPV/EHU.
Nicolas Xamardo González. Profesor de Periodismo; UPV/EHU.
Iñaki Bárcena. Profesor de Ciencia Política; UPV/EHU.
Carlo Frabetti. Matemático y escritor.
Anibal Garzón Baena. Editor de Kaosenlared.
Noel Manzanares Blanco. Profesor universitario y periodista. Cuba.
Luisa Abad González. Profesora y Doctora de Antropología Social. Fac. C.C. Educación y Humanidades-UCLM. Campus de Cuenca.
Moisés Hidalgo Moratal; Director de Master Interuniversitario de Cooperación para el Desarrollo; Universidad de Alicante.
Gemma Celigueta. Profesora de Antropología Social, Universitat de Barcelona.
Mònica Martínez Mauri. Dpt. de Antropologia Social i Història d’Amèrica i Africa, Universitat de Barcelona.
Carlos Caravantes, Profesor Titular de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid. Coordinador del Grado en Antropología Social y Cultural.

FUENTE: codpi

 

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